El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla sostuvo que no fue sorpresa la difusión de información emitida por la Unidad de Inteligencia Fiscal sobre 10 contratos con 3 empresas relacionadas con Latinus.
Ante los medios de comunicación, aseguró que, por un monto de 933 millones de pesos, mediante contratos iniciados desde el 2019, se tuvo “una herencia maldita del silvanismo, que costó tantito trabajo terminarla y se pudo enderezar el barco. Siempre se estableció contacto con la UIF en la investigación”.
Reconoció que, del monto de los 10 contratos con las prestadoras de servicios a la Secretaría de Salud, 130 millones de pesos correspondieron a la actual administración y el resto por alrededor de 800 millones de pesos al anterior gobierno.
Explicó Ramírez Bedolla que en el 2022 se inició una transición gradual para evitar colapso de los servicios de salud en la SSM y a partir del 10 de junio del 2023 no se firmó ningún contrato con Diseño de Salud Integral S.A. de C.V., Samedic S.A. de C.V. y Digimedical S.A. de C.V.
Confió que la Fiscalía General de la República y la UIF, a través de su titular Pablo Gómez Álvarez demostrarán toda su capacidad que tiene como autoridad y se llegue a buen término la investigación, que dé resultados.
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