El pasado 15 de enero de 2026 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un decreto de
reforma de gran alcance, mediante el cual se modifican, adicionan y derogan disposiciones de 17 leyes
federales, entre ellas la Ley Federal del Trabajo (LFT), con un objetivo central: fortalecer la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres y garantizar centros de trabajo libres de violencia y discriminación.
¿Qué cambia en materia laboral?
La reforma refuerza y vuelve jurídicamente exigibles principios que ahora deberán observarse de
forma documentada y efectiva en las empresas.
- Trabajo digno y derechos humanos (arts. 2 y 3 LFT)
Se amplía el concepto de trabajo digno o decente, estableciendo que este solo puede existir cuando:
✓ El trabajo se desarrolla en entornos libres de violencia y discriminación, y
✓ Se respetan plenamente los derechos humanos de las personas trabajadoras.
Impacto para la empresa:
Será indispensable revisar contratos, reglamentos internos, políticas laborales y prácticas de
gestión de personal, alineándolos a este nuevo estándar legal. - Nuevas obligaciones patronales (arts. 16 y 56 LFT)
La reforma impone de manera expresa que:
✓ Las empresas deben capacitar a su personal para prevenir y eliminar la violencia contra las
mujeres.
✓ Las condiciones de trabajo deben garantizar entornos seguros y libres de violencia y
discriminación.
✓ Estas obligaciones ya no son opcionales, sino mandatos legales verificables por la autoridad
laboral.
Impacto para la empresa:
✓ Implementar programas de capacitación continua con enfoque preventivo.
✓ Contar con protocolos internos actualizados en materia de igualdad y no discriminación.
✓ Conservar evidencia documental que acredite el cumplimiento. - Igualdad salarial y no discriminación
Aunque el principio de “a trabajo igual, salario igual” ya existía, la reforma lo refuerza como
parte del enfoque de igualdad sustantiva, lo que incrementa el nivel de escrutinio en inspecciones y
juicios laborales.
Principales riesgos por incumplimiento
El nuevo marco legal incrementa la exposición jurídica de las empresas que no se adapten
oportunamente:
✓ Multas y sanciones administrativas por parte de la STPS.
✓ Inspecciones laborales más estrictas, enfocadas en evidencias y protocolos.
✓ Quejas y denuncias ante PROFEDET.
✓ Riesgos reputacionales y comerciales frente a clientes, aliados y autoridades.
✓ Posibles responsabilidades legales adicionales si la violencia o discriminación no es atendida
oportunamente.
Recomendación estratégica
Esta reforma exige una respuesta preventiva, estructurada y documentada. Las empresas que se
anticipen y ajusten sus políticas internas no solo reducirán riesgos legales, sino que fortalecerán su
gobernanza laboral y reputación corporativa.


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