VIVIENDA ADECUADA

En una síntesis muy apretada al respecto de la evolución de la vivienda como política del Estado mexicano, podemos señalar tres grandes etapas:

La vivienda como prestación laboral

Antes del conflicto armado de la Revolución mexicana, el Partido Liberal Mexicano planteaba en sus propuestas de gobierno de 1906, en voz de Ricardo Flores Magón, el otorgar como una prestación laboral una vivienda, no en propiedad, ni arrendamiento, solo en préstamo para los jornaleros o trabajadores de establecimientos industriales. Con el triunfo de la Revolución mexicana muchas de las demandas sociales se plasmaron en la Constitución Política, y en lo relativo a la vivienda fue parte del apartado de Trabajo y la Previsión Social (Articulo 123), al señalar que: “…toda negociación agrícola, industrial, minera o cualquiera otra clase de trabajo, los patronos estarán obligados a proporcionar a los trabajadores, habitaciones cómodas e higiénicas,por las que podrán cobrar rentas…”.

La vivienda como obligación del gobierno

Hacia 1925se llevó a cabo a la creación de la Dirección de Pensiones Civiles, con el objetivo de hacer factible el otorgamiento de crédito, para la construcción o adquisición de una vivienda por parte de los trabajadores del gobierno. En1932 se creó BANOBRAS, que desarrolló el Fondo de Casas Baratas. Luego siguió FONHAPO, IVI, INDECO, así como muchos organismos y dependencias más. El fomento a la vivienda por parte del gobierno se consolidó en 1972, con la creación del INFONAVITcomo principal organismo concentrador de los ahorros de los trabajadores, así como de las aportaciones patronales, con el propósito principal de lograr el financiamiento de viviendas que a beneficiaran la población de más bajos ingresos. Hasta finales de la década de 1990 el INFONAVIT construyó millones de viviendas y financió otras más.

Vivienda como mercancía de oferta y demanda

Como consecuencia de la crisis económica de 1982, los sistemas financieros de vivienda colapsaron ante escenarios inflacionarios, y como consecuencia del endeudamiento con el Banco Mundial este organismo internacional recomendó la desregulación del sector vivienda, que incluía que el INFONAVIT solo otorgara créditos; y la edificación quedó en manos de inmobiliarias privadas, que construyeran en función de la oferta y demanda; con el objetivo de estimular una mayor inversión privada en vivienda de interés social y popular. Los efectos de ceder a privados la posibilidad de construir vivienda incluía la decisión de donde edificarlas y bajo la lógica de la búsqueda de suelo barato, los desarrollos habitacionales cada vez se emplazaban más alejados del área urbana; propiciando un crecimiento disperso que agudizó la prestación de servicios y equipamientos básicos, así como la movilidad urbana entre otros muchos aspectos.

El pasado mes de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma histórica a la Ley de la Vivienda, que busca transformar por completo el mercado inmobiliario en México, dejar de ver la vivienda solo como mercancía y garantizar el financiamiento solo de lo que se denomina «vivienda adecuada».  El objetivo principal es frenar los abusos en el sector inmobiliario y proteger a los sectores más vulnerables de la población mexicana, que recibieron casas alejadas de sus centros de trabajo, sin acceso a servicios básicos o construidas con materiales de dudosa calidad que ponían en riesgo su integridad.

De acuerdo con la reforma de Ley, solo podrán ser sujetas de financiamiento las viviendas consideradas como adecuadas, es decir, que cumplan sin excepción con los siguientes siete aspectos: 1) Seguridad de la tenencia del suelo; 2) Garantía de disponibilidad de servicios de agua potable, energía eléctrica, saneamiento e infraestructura básica; 3) Que el pago del crédito o renta  no comprometa la satisfacción de otras necesidades básicas familiares; 4) Que el espacio ofrezca seguridad física y espacio suficiente para evitar el hacinamiento y protección real contra el clima o riesgos estructurales; 5) Que el diseño arquitectónico brinde facilidades para personas con discapacidad y adultos mayores; 6) Que la vivienda esté cerca de fuentes de empleo, escuelas, hospitales y transporte público y 7) Se respete la identidad, las tradiciones y los materiales propios de cada región del país.

Sin lugar a duda, lo planteado representa todo un reto en materia de instrumentación política y financiera, pero los efectos serían de beneficios para todos en la ciudad y no solo para quienes adquieran una vivienda a través del crédito gubernamental.

Más allá del acceso a un techo, la reforma recupera una visión integral de la vivienda como un derecho humano y como un componente fundamental del derecho a la ciudad. Su correcta aplicación y más su continuidad, podría contribuir a frenar la expansión desordenada del área urbana, reducir los tiempos y costos de traslado, fortalecer la cohesión social y garantizar que las familias desarrollen sus proyectos de vida en entornos dignos, seguros y con oportunidades. El desafío consiste únicamente en construir más viviendas, sino construir mejores ciudades para todos.