La magistrada Laura Elena Alanís García, presidenta sustituta del Poder Judicial de Michoacán y magistrada penal de la región Zamora, participó en la sesión plenaria de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia región Morelia, donde destacó la importancia del trabajo coordinado entre autoridades y ciudadanía para la construcción de la paz en el estado.
Durante su intervención, reconoció la participación activa de la sociedad civil organizada y subrayó que la construcción de la paz es una tarea compartida entre las instituciones y la ciudadanía comprometida. “La justicia no se construye de manera aislada; es resultado del engranaje institucional y social en el que cada sector aporta desde su responsabilidad”, expresó.
La magistrada señaló que, a partir de la reforma judicial implementada en Michoacán, uno de los principales objetivos ha sido acercar la justicia a la sociedad, fortaleciendo tanto a los órganos de primera instancia como a los tribunales de alzada, bajo una visión de garantía de derechos humanos, imparcialidad y pronta resolución.
Destacó que el trabajo de la Fiscalía General del Estado y de las corporaciones de seguridad impacta directamente en la labor jurisdiccional, pues las detenciones, la integración de carpetas de investigación y la judicialización de los asuntos se traducen en decisiones judiciales que deben emitirse con apego a la legalidad y en los tiempos que marca la ley.
En materia penal, informó que durante 2025 se dictaron 520 sentencias condenatorias derivadas de asuntos judicializados por la Fiscalía, principalmente por delitos de alto impacto como homicidio, violación, delitos cometidos contra personas menores de edad y secuestro. Tan solo en los casos de homicidio, las condenas acumuladas representan más de 2 mil 500 años de prisión.
No obstante, puntualizó que la función del Poder Judicial no se limita a dictar sentencias condenatorias, sino que también implica garantizar la reparación integral del daño a las víctimas y supervisar, a través de los jueces de ejecución de sanciones, el cumplimiento legal de las penas, bajo una perspectiva de derechos humanos y reinserción social.
“La justicia completa no es solamente resolver un asunto; es comprender el problema, humanizar la respuesta y garantizar que cada decisión tenga un impacto social positivo”, afirmó.
Finalmente, reiteró que el trabajo coordinado entre las instituciones que integran el sistema penal fortalece la capacidad del Estado para dar respuestas efectivas frente a la criminalidad y refrendó el compromiso del Poder Judicial de Michoacán con una justicia imparcial, pronta y cercana a la ciudadanía.
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