Secundaria Popular Carrillo Puerto mantiene defensa legal

La Secundaria Popular no ha sido vencida jurídicamente, ya que desde el pasado 24 de enero interpuso un nuevo amparo para evitar su desalojo.

De acuerdo con el director del plantel Juan Manuel Mateo García, la acción legal fue interpuesta en el segundo juzgado de distrito, para solicitar la suspensión del acto reclamado.

«Es mentira que estemos vencidos jurídicamente como señalan autoridades nicolaitas; quien ha
sido vencido es un inexistente Patronato, que no tiene relación legal alguna con la Escuela Secundaria Popular Carrillo Puerto. Con dicho amparo, se pretende que finalmente la comunidad de la Popular sea escuchada y se reconozca a sus representantes; representación negada en múltiples ocasiones, tanto por la novena sala de lo civil y el juez sexto de lo civil, quienes ordenaron el desalojo de nuestro inmueble», expresó.

En rueda de prensa, señaló que tanto el gobierno al frente de Alfredo Ramírez Bedolla como las autoridades universitarias han insistido en que el plantel es particular, por lo que se presentaron padres de familia para asegurar que no pagan por la educación de sus hijos y con los docentes dan un servicio voluntario a la comunidad estudiantil.

En este marco, el maestro Lenin Contreras acusó que al señalarla de privada, se trata de una campaña mediática que pretende desacreditar «la noble labor que durante 47 años ha realizado la Secundaria Popular, a saber: garantizar el derecho a la educación gratuita para los hijos e
hijas del pueblo trabajador».

Por lo pronto, manifestaron estar conscientes de que el problema se extenderá hasta después de las elecciones, ya que la situación se tornó política, una vez que no han recibido tampoco una propuesta oficial de reinstalación de edificio.

Manifestaron que, pese a los intentos de las autoridades por cerrar la Secundaria Popular, su existencia está más que justificada debido a que su matrícula va en aumento y actualmente atienden a 170 alumnos.

«Exigimos al Poder Judicial que no ceda a las presiones políticas de la UMSNH y resuelvan apegándose a los principios de justicia social y del interés superior de los niños, niñas y adolescentes que estudian en esta institución al garantizar el derecho humano a la educación de los sectores populares de la ciudad de Morelia. Al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, que cese su campaña de denostación contra la Secundaria Popular y que se comprometa seriamente a solucionar nuestras justas exigencias», determinaron.