La Secretaría de Educación del Estado (SEE) informa sobre el procedimiento transparente y normado para el ingreso del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE), mismo que evita prácticas irregulares y busca garantizar la justicia laboral.
Algunos de los puntos clave de la normativa para la asignación de las plazas no docentes y que emitió en un documento oficial la autoridad educativa, son:
- Combate a la Corrupción
Se eliminan especulaciones, negociaciones y gestiones de plazas a través de representantes o gestores. Se protege al trabajador asegurando que los expedientes se revisen en orden y que sólo aquellos completos sean procesados. Se evita el tráfico de influencias en la asignación de plazas no docentes.
- Garantía a Familiares
Las plazas liberadas por jubilación, prejubilacion o fallecimiento serán asignadas exclusivamente a familiares en línea recta (hijos, padres, hermanos, esposos, nietos), evitando su venta o uso indebido. El objetivo es proteger los derechos laborales y garantizar que las plazas beneficien a quienes realmente tienen derecho.
Asimismo, como parte del ordenamiento administrativo que hoy vive el sector educativo y debido a prácticas irregulares en el pasado, actualmente solo las plazas federales están sujetas a este lineamiento, ya que las plazas estatales no se reponen como parte de la estrategia para reducir el déficit presupuestario del estado, en materia de personal.
La Secretaría de Educación es la única instancia facultada para la asignación de plazas, garantizando la legalidad y transparencia del proceso. Conforme a diversas disposiciones de orden estatal y federal, entre ellas, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Secretaría tiene la autoridad exclusiva para determinar la asignación de plazas
Objetivo de la autoridad educativa
De acuerdo a la SEE, la normativa que regula la asignación de plazas no docentes tiene como fin brindar transparencia y orden en la asignación de plazas, proteger los derechos de los trabajadores y sus familias, eliminar las prácticas corruptas en la gestión de plazas, y tener un uso eficiente de los recursos disponibles.
En ese sentido, la autoridad educativa refrenda el compromiso con la justicia laboral, la eficiencia administrativa y la lucha contra las prácticas corruptas.
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