Ante la toma de las instalaciones del Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Unidad Morelia del Instituto Politécnico Nacional (CVDR Unidad Morelia), la Directora del Centro, Anitzel Ramos Velázquez, señaló que se trata de un movimiento político en el que incluso se ven inmiscuidas personas que no pertenecen a la institución.
Se trata, dijo, de un grupo reducido de trabajadores, encabezado por la dirigente sindical del CVDR Unidad Morelia y su hermana, una ex diputada, una ex funcionaria del gobierno de estado inhabilitada por la Secretaría de la Contraloría del Estado así como un ex director del propio centro. Dicha acción constituye un acto de presión, el cual afecta directamente la continuidad de las labores académicas y administrativas de la institución.
En entrevista destacó que la actual administración del CVDR Unidad Morelia ha promovido de manera permanente el respeto a la libre manifestación de las ideas y la protección irrestricta de los derechos laborales del personal docente y del personal de apoyo y asistencia a la educación, privilegiando en todo momento el diálogo institucional, la participación constructiva y el estricto apego a la normatividad vigente del Instituto Politécnico Nacional.
«Estos principios han sido el sustento de una gestión orientada al trabajo colaborativo, la vinculación estratégica y el compromiso colectivo de la comunidad académica y administrativa, lo que ha permitido posicionar al Centro en el tercer lugar a nivel nacional entre los CVDR del IPN, como resultado de procesos de transformación, innovación y mejora continua que hoy se reflejan en la prestación de servicios educativos de alta calidad en beneficio de la sociedad michoacana, en congruencia con la misión y los valores institucionales del Instituto», manifestó.
Aseguró que las mesas de trabajo fueron levantadas de manera unilateral por la propia dirigente sindical, al no verse satisfechas pretensiones de carácter personal que no se encontraban alineadas con los intereses institucionales ni con el marco normativo aplicable.
Ramos Velázquez rechazó los señalamientos de hostigamiento vertidos por las personas involucradas. ‘Por el contrario, se hace del conocimiento público que quienes encabezan la toma han mantenido, por más de dos décadas, una práctica sistemática de actos de presión contra diversas administraciones, situación que ha derivado en procedimientos administrativos y legales actualmente en curso; existen denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGEM) por diversos actos de violencia incluyendo a una menor, así como actas administrativas radicadas ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, relacionadas con procedimientos de cese de nombramientos. Dichas actuaciones se han realizado conforme a derecho y con la instrucción del Abogado General del Instituto Politécnico Nacional, lo cual confirma la legalidad y legitimidad de los procesos emprendidos».
Sobre el equipo de cómputo y bienes institucionales, aclaró que el equipo contaba con más de 20 años de antigüedad, y que tanto éste como los vehículos señalados fueron dados de baja conforme a los lineamientos internos del IPN. De igual forma, los sistemas de videovigilancia instalados tienen como finalidad prevenir situaciones de violencia y salvaguardar la integridad de la comunidad, sin vulnerar derechos individuales, por lo que no hay nada irregular, dijo.
La Dirección del CVDR Unidad Morelia sostuvo su postura de apoyar la legalidad en las acciones y señaló que el abogado general ya tiene conocimiento de la toma, por lo que se actuará conforme lo indique la autoridad federal.

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