Hay más investigaciones en contra del prófugo Silvano Aureoles: Ramírez Bedolla

La Auditoría Superior de la Federación encontró un desfalco al Estado por casi 30 mil millones de pesos, aceptó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, apuntó que hay más investigaciones y que ante las denuncias sólidas que se presentaron desde febrero del 2022, se espera una continuidad y la justicia hacia Michoacán.

«En la Ciudad de México siempre me preguntan ¿cuándo habrá justicia para Michoacán? y no hay manto protector a funcionarios, no hay impunidad, pero tampoco manto protector para nadie, cada quien responde por los actos realizados y tampoco se trata de una revancha política, sino de justicia», apuntó.

Comentó que el ex gobernador hizo campaña para ser diputado federal por Zitácuaro y perdió y no se dijo nada, por lo que se trata de investigaciones sólidas.

Dejó en claro por tanto que hay más procesos en curso y funcionarios que podrían estar involucrados, «todos somos sujetos de investigación y de auditorías», expresó.

Sobre el tema, la titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán(SECOEM), Azucena Marín Correa, informó que 31 servidores públicos de la SECOEM y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se han presentado como testigos ante la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso del los cuarteles de la Policía Michoacán comprados a sobreprecio por la administración del ex gobernador, Silvano Aureoles Conejo.

Azucena Marín narró que se otorgaron contrataciones por adjudicación directa con vicios acreditados a la empresa inmobiliaria DyF SA de CV entre 2016 y 2017, además de que no había proyectos ejecutivos, ni se comprobó la posesión de los terreros en que se ubicaban los cuarteles, así como convenios modificatorios de mantenimiento sin evidencia de ellos servicios.

Subrayó que se dispersaron los pagos a la empresa dos días antes de concluir la administración silvanista, es decir, el 28 de septiembre del 2021, además de que se trató de protocolizar la compra-ventas en una notaría de la Ciudad de México.

En el mes de noviembre comenzaron las investigaciones a través de la Secretaría de Contraloría. Por ello, el 16 de febrero del 2022 se presentó la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, así como mesas de investigación con la Unidad de Información Financiera y fiscalías especializadas; en junio del 2023 se acumularon las carpetas en una misma investigación.