A los servidores públicos de las instituciones políticas de México:
Quienes suscribimos este manifiesto les exigimos cumplir y hacer cumplir los mandatos constitucionales que norman la representación política que los electores otorgamos a los partidos políticos en la integración de las Cámaras en el Congreso de la Unión.
La Constitución protege los derechos de las minorías representadas en el poder legislativo.
La piedra angular de nuestro orden político fundamental es el respeto a los derechos humanos, la separación de poderes, y el voto universal con igual valor.
La asignación de diputados por la fórmula de representación proporcional debe hacerse conforme al porcentaje de votos efectivos que la ciudadanía otorgó a cada partido.
El artículo 49 constitucional dispone que el poder político de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Establece con claridad que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación. La pretensión de Morena y coaligados es reunir en una sola corporación los poderes legislativo y ejecutivo, esto mediante su extrema sobre representación en el legislativo.
El artículo 54 de nuestra Carta Magna ordena que los 200 diputados de representación proporcional deben asignarse a los partidos políticos mediante listas regionales. Para tener derecho, cada partido debe acreditar que participó con candidatos de mayoría relativa en por lo menos 200 de los 300 distritos uninominales. Esto no se acreditó por parte de los partidos integrantes de la coalición morenista, por tanto, no tendrían derecho a diputados plurinominales.
Además, el mismo artículo también ordena que ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios; es decir, el 60% de la Cámara.
Añade que, en ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación nacional emitida. Ese es el límite de la sobre representación.
Denunciamos la intervención ilegal, el mismo día de la elección, de la secretaria de Gobernación, anunciando que Morena y sus coaligados obtendrían más diputados que los que les corresponden como resultado del cómputo de votos. Pretende la funcionaria que su coalición, con 56.9% de la votación válida, pueda hacerse del 74% de la Cámara, con un 17.1% de sobre representación.
El electorado dio a las oposiciones el 43.1% de los votos válidos. Pero el oficialismo busca que solo se les asigne el 26% de las curules. Si consideramos que la Constitución de la República puede ser reformada con el voto calificado del 66% de los diputados, significa que la sobre representación artificial les permitiría modificarla a su capricho, sin consideración a la opinión de las minorías.
Se llega al absurdo de pretender asignarle al Partido Verde, que logró el 5º lugar en la votación, los diputados suficientes para convertirlo en la segunda fuerza en la Cámara de Diputados, por arriba del PAN, PRI y MC, que obtuvieron más votos. Esto es inconstitucional, antidemocrático. Tiránico.
Exigimos al Consejo General del INE, y en su oportunidad al TRIFE, acatar los principios y criterios de nuestra Carta Magna, que privilegia la proporcionalidad entre votos emitidos por cada partido y su representación en la Cámara.
A los dirigentes de los partidos políticos nacionales y a los coordinadores de los grupos parlamentarios les exigimos adoptar una actitud digna y responsable ante la ciudadanía, para hacer valer los mandatos constitucionales, respetar la pluralidad del electorado, procurar una fiel representación conforme a la proporción de votos efectivos otorgados por la ciudadanía a cada partido, y evitar acuerdos que contraríen los mandatos constitucionales y legales.
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