La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) no utiliza ninguna «licuadora financiera» ni incurrió en desvío de recursos públicos, aseveró el tesorero de la institución, Enrique Eduardo Román García, en entrevista radiofónica con el periodista Carlos Monge del portal Post Data.
Al responder a los señalamientos hechos por el diputado local Baltazar Gaona, el funcionario universitario descartó categóricamente un mal manejo en los fondos institucionales y aclaró la naturaleza de las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondientes al ejercicio 2024, las cuales ascienden a 295 millones de pesos.
Román García explicó que el término «licuadora» implicaría mezclar todo el dinero en una sola cuenta bancaria, lo cual —dijo— sería una irregularidad contable. Por el contrario, la casa de estudios opera con múltiples cuentas bancarias institucionales para garantizar la trazabilidad de cada fuente de financiamiento federal, estatal e ingresos propios.
«Si existiera una sola cuenta no se podría identificar el origen del recurso. Los recursos no se mezclan; están identificados por cada una de las fuentes de financiamiento. Tener distintas cuentas no es algo indebido, responde a la normatividad de la contabilidad gubernamental», puntualizó el tesorero.
Respecto al monto observado por la ASF (compuesto por 250 millones de pesos federales y 40 millones de participaciones estatales), el tesorero subrayó que “no se trata de hechos juzgados ni de desvío de recursos”, sino de un proceso ordinario de fiscalización en el que el órgano auditor solicitó información complementaria.
El funcionario puso como ejemplo las retenciones contractuales —como las aportaciones de depósito o el pago de impuestos—, dinero que se mantiene en cuentas institucionales al transitar de un ejercicio fiscal a otro y del cual la auditoría requiere la documentación contractual o justificación técnica de su resguardo transitorio.
- Fase del proceso: La Universidad Michoacana ya entregó la totalidad de la información y documentación comprobatoria requerida.
- Tiempos legales: La ASF cuenta con un periodo de 120 días hábiles para analizar los expedientes y pronunciarse sobre la solventación, plazo que concluirá hacia el cierre del presente ejercicio (entre noviembre y diciembre).
Sobre el hecho de que la ASF haya fiscalizado el 97% del presupuesto universitario de 2024 —que ascendió a 3 mil 900 millones de pesos—, Román García señaló que responde al uso de nuevas herramientas tecnológicas, ciencia de datos e inteligencia artificial por parte de los órganos auditores a nivel nacional.
Lejos de interpretarlo como una anomalía, el tesorero destacó que auditando casi el 100% de los recursos, las observaciones representan menos del 10% del total revisado, lo que brinda certeza a la comunidad universitaria y a la ciudadanía sobre el manejo transparente de las finanzas.
Finalmente, enfatizó que la salud financiera de la Casa de Hidalgo se demuestra en el cumplimiento puntual del pago de las 87 quincenas acumuladas en la actual administración, así como de aguinaldos, prestaciones e impuestos ante el SAT e IMSS.

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