Omite Rectoría dar seguridad en las elecciones de la Facultad de Derecho

La administración central de la Universidad Michoacana enfrenta una pregunta sencilla, pero demoledora: ¿para qué existe un Departamento de Seguridad Universitaria si, cuando una Facultad solicita apoyo formal para una jornada electoral de alta intensidad, la respuesta institucional es lavarse las manos?

Los documentos son claros: el 12 de junio de 2026, mediante oficio DIR/2090/2026, la Dirección de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales solicitó al secretario general de la Universidad Michoacana, Javier Cervantes Rodríguez, el apoyo del equipo de Protección y Seguridad Universitaria para resguardar el orden durante la renovación del Consejo Técnico 2026-2028, programada para el lunes 15 de junio.

No se trató de una ocurrencia, ni fue una petición verbal. Fue una solicitud formal, por escrito, firmada por el director de la Facultad, Sergio Carmelo Domínguez Mota, en la que se informó a la autoridad central que habría una jornada electoral interna y que se requería apoyo institucional para garantizar el orden.

La respuesta llegó hasta el 15 de junio, el mismo día de la elección, mediante oficio SG.d_SU/92/2026, firmado por el jefe del Departamento de Seguridad Universitaria, Erick Mercado Cortés, donde lejos de asumir una responsabilidad preventiva, se informó que las dependencias académicas organizan sus actividades electorales con el recurso humano con el que cuentan y que los alumnos que forman parte del servicio social en el programa de Seguridad Universitaria únicamente son para logística de eventos culturales y deportivos.

La respuesta es reveladora y preocupante, porque en los hechos, la administración central decidió no apoyar a la Facultad de Derecho en un proceso donde existía una solicitud expresa de acompañamiento preventivo. No se puede decir que no se avisó. No se puede decir que no había conocimiento. No se puede decir que la Facultad no pidió apoyo. El oficio existe y si el oficio existe, también existe la omisión.

La Universidad Michoacana cuenta con un Departamento de Seguridad Universitaria precisamente para atender situaciones que involucren la protección de la comunidad nicolaita. No debe ser un adorno administrativo, ni una oficina para presumir en comunicados. Es un área que debería servir para prevenir riesgos, atender contingencias y apoyar a las dependencias universitarias cuando lo soliciten.

De lo contrario, la pregunta se impone sola: ¿para qué sirve?

La respuesta del Departamento de Seguridad Universitaria parece reducir su papel a una función casi decorativa. Según esa lógica, si una Facultad tiene un proceso electoral complejo, debe arreglárselas con su propio personal. Si hay riesgo, debe asumirlo sola. Si ocurre un incidente, entonces ya veremos quién carga con la responsabilidad.

Esa postura no sólo es administrativamente pobre, es institucionalmente irresponsable.
Más grave aún: la Facultad de Derecho no es cualquier dependencia en términos de vida política universitaria. Históricamente, sus procesos internos son de alta intensidad.

Quien conoce la Universidad Michoacana sabe que Derecho concentra debate, organización estudiantil, competencia política, liderazgos académicos y tensiones propias de una comunidad activa y precisamente por eso, una autoridad sensata habría entendido que la solicitud de apoyo no era caprichosa, sino razonable.
Rectoría, en cambio, optó por no intervenir preventivamente.

Y ahora se pretende construir una narrativa tramposa: presentar a la Dirección de la Facultad como responsable de aquello que precisamente buscó evitar. Esa inversión de responsabilidades es inaceptable. Una Dirección que advierte por escrito que requiere seguridad no puede ser tratada después como si hubiera sido omisa. Omisa fue la autoridad central que recibió la solicitud y no brindó el respaldo necesario. Los documentos ahí estan.

La administración de Yarabí Ávila González no puede presumir seguridad universitaria cuando conviene y negarla cuando se necesita. No puede decir que la seguridad es prioridad en los discursos, pero convertirla en pretexto burocrático cuando una Facultad pide apoyo.

Si Seguridad Universitaria antes atendía solicitudes de las Facultades, ¿por qué ahora no?, ¿en qué momento dejo de atenderlas?; si existe un Departamento encargado de proteger a la comunidad, ¿por qué se negó a cubrir una elección interna? Si la seguridad depende de la Secretaría General, ¿por qué se trasladó la carga a la dependencia académica? Si la rectoría sabía que había tensión, ¿por qué no ordenó medidas preventivas?

La respuesta oficial dice más de lo que pretende ocultar. Al señalar que cada dependencia organiza sus elecciones con su propio personal, se intenta convertir un asunto de protección institucional en un simple trámite interno, pero donde hay riesgo, debe haber prevención.
La Universidad no puede esperar a que ocurra un hecho lamentable para entonces declarar que reprueba la violencia. La responsabilidad de una autoridad no se mide por sus comunicados posteriores, sino por sus decisiones previas.

En este caso, hubo una solicitud previa. Hay un documento. Hubo una oportunidad de actuar y no se actuó.

Por eso, si la administración central intenta ahora responsabilizar a la Dirección de Derecho, estará faltando a la verdad institucional. La Dirección pidió apoyo y Rectoría, a través de su estructura administrativa, no lo brindó. Esa es la secuencia documentada.

El fondo del asunto es mayor. La seguridad universitaria no puede depender del cálculo político de la administración central. No puede concederse a unos y negarse a otros. No puede usarse como mecanismo de control ni como forma de presión. Debe ser un servicio institucional, imparcial, preventivo y oportuno para toda la comunidad nicolaita.

Cuando la seguridad se niega por conveniencia, deja de ser seguridad y se convierte en política. La Universidad Michoacana merece algo mejor que eso.

Merece una rectoría que prevenga, no que se excuse. Una Secretaría General que coordine, no que eluda. Un Departamento de Seguridad Universitaria que proteja, no que responda con fórmulas burocráticas y una administración central que asuma que su obligación no termina en el escritorio donde recibe los oficios.

La pregunta sigue ahí, incómoda y necesaria: ¿para qué sirve Seguridad Universitaria si no está para apoyar a las Facultades cuando formalmente se le solicita?